Cuando la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) reclama frecuencias para sus emisoras afiliadas en Uruguay, las autoridades competentes rechazan su solicitud diciendo que el dial está saturado, mientras que sus competidores económicos y políticos las califican de «piratas», «anarquistas» y hasta «terroristas». El Instituto Goethe de Montevideo invitó a todos los protagonistas a una mesa redonda para tratar de aclarar la situación.
Reunir por primera vez alrededor de una mesa a todos los representantes institucionales y responsables de las radios legales y radios comunitarias que esperan desde siete anos su legalización: tal el desafío que planteó recientemente la Sra. Kristina Zappel, directora del Instituto Goethe de Montevideo.
Unas 40 estas pequeñas radios sin fines de lucro emiten actualmente en Uruguay. Gestionadas por organizaciones sociales y culturales, esas emisoras ofrecen un espacio de práctica participativa y constituyen por lo tanto un complemento a las radios comerciales.
Para apreciar la trascendencia de esa iniciativa vale la pena recordar algunos aspectos absurdos del paisaje audiovisual uruguayo. Los textos legales vigentes, en lugar de aclarar la situación contribuyen a la confusión. Un decreto-ley (14.670) adoptado durante la dictadura en 1977 prohibe hasta hoy programas sin autorización del Poder Ejecutivo y dispone que las radios infractoras sean clausuradas y sus equipos incautados sin derecho a indemnización. Es de destacar también que aún en 2002 el Ministerio competente en la materia es el de Defensa (sic).
Otro texto (16.099) votado en 1989 proclama la libertad de fundar medios de comunicación. Pero cuando la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) reclama frecuencias y reconocimiento para sus emisoras afiliadas, el Ministerio de Defensa rechaza la exigencia afirmando que el dial está saturado. Los expertos en materia radiofónica han contestado en la mesa del Instituto Goethe, precisando que la FM ofrece aún espacio en el dial electrónico.
El representante de AMARC lo confirmó lamentando en la misma ocasión la falta de transparencia en la adjudicación de frecuencias y las reservas del ejecutivo cuando aparecieron, a mediados de los noventa, las primeras radios comunitarias. Radios que prometieron, a veces con más entusiasmo que profesionalismo, «dar voz a los que no la tienen» y que el director general de la UNESCO había calificado en su tiempo de «tribunas abiertas para toda la sociedad».
En espera de su legalización, algunas de esas emisoras fueron clausuradas recientemente en Uruguay y sus equipos incautados por el Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo, no faltaron promesas oficiales de terminar con la confusión lo antes posible y el Presidente, Jorge Batlle, anunció en 2000 que iba a legalizar las radios comunitarias, calificadas, sobre todo por sus contrincantes económicos y políticos, de «piratas», «anarquistas» y «terroristas».
Esa era la situación cuando, por primera vez, el Instituto Goethe congregó a todos los protagonistas de la controversia, es decir a los actores institucionales, empresariales y representantes de radios legales e ilegales.
La conclusión que la numerosa asistencia de la mesa redonda en el Goethe Instituto Goethe pudo extraer del vivo enfrentamiento de argumentos: es urgente definir un marco regulatorio que garantice la transparencia en la adjudicación de frecuencias y la convivencia entre emisoras comerciales y comunitarias sin fines de lucro.
Pero no todas las esperanzas que nacieron luego del encuentro en el instituto cultural alemán se concretizaron. La URSEC (Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones) convocó a una comisión de trabajo, pero las negociaciones para arribar a un acuerdo que regule y asegure la existencia de todos los tipos de emisoras radiofónicas aún se hace esperar. El escenario más probable es un decreto que no cuente con el consenso de todas las partes.
Comentario desilusionado de Gustavo Gómez, representante de AMARC y directivo de una de la radios comunitarias más populares de Montevideo: «la forma de otorgar frecuencias mediante un llamado de interesados y sin concurso no asegura igualdad de oportunidades.»
Gómez lamenta que en el pasado las frecuencias se han adjudicado a amigos políticos, poco antes de elecciones y a los empresarios que ya tienen otros medios de comunicación, fortaleciendo el oligopolio que existe en Uruguay. En otras palabras, no existen medios electrónicos en Uruguay en manos de grupos culturales, organizaciones sociales, grupos étnicos, sindicatos, cooperativas o de mujeres.
Este análisis desgraciadamente no se limita a este país del cono sur donde la radiodifusión se considera como una explotación comercial, más que como un instrumento de democracia participativa.
Hartmut Bruehl es periodista y capacitador
radiofónico
