D+C Desarrollo y Cooperación (No. 3, Mayo/junio 2002, p. 3)

Hasta no hace mucho, la producción se realizaba en volúmenes relativamente reducidos, que costaba trasladar de un lugar a otro y las transacciones tenían lugar a partir de medios de comunicación relativamente lentos e inseguros. El abastecimiento de mercados relativamente pequeños y aislados entre sí era práctica corriente. Hoy, con la creciente robotización, automatización e informatización de los procesos fabriles se producen enormes volúmenes, los bienes se pueden transportar a bajo precio a grandes distancias y la comunicación electrónica asegura un contacto instantáneo entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, tanto en el proceso productivo como en el comercio y las finanzas.

Pero la globalización no tiene sólo dimensiones económicas y políticas, a pesar de que son de las que más inmediatamente se toma noticia. La cada vez más estrecha interrelación del mundo también afecta lo que se puede definir cómo bienes públicos globales (tales como el clima, la biodiversidad, la atmósfera, la seguridad, la paz, el Derecho, la transparencia y el sistema financiero internacional), crea problemas sociales globales (las migraciones, la corrupción global, la delincuencia internacional) y plantea nuevos desafíos de gobernabilidad (déficits de legitimación democrática, coordinación de los diversos niveles de gobierno, imposición y/o bloqueos de poder).

Otro de los desafíos del mundo global es cómo crear un ordenamiento mundial para evitar la competencia ruinosa entre países y plazas de producción y asegurar estándares mínimos sociales y ecológicos. Ello es rechazado a menudo por muchos países en desarrollo, que ven en sueldos bajos, sistemas de seguridad social poco extendidos y disposiciones ecológicas laxas una ventaja competitiva. La globalización abre la posibilidad de poner coto a abusos sociales y ambientales en el mundo. Un ejemplo de ello es el desguace de chatarra electrónica de países industriales. Toneladas y toneladas de aparatos electrónicos sacados de uso y que contienen materiales contaminantes y hasta tóxicos son embarcados a países en desarrollo, donde son desarmados y reciclados al costo de la salud de los operarios y la contaminación del medio ambiente. Regulaciones globales pueden ayudar a reducir esos envíos y/o asegurar estándares sociales y ecológicos mínimos.

En las últimas décadas se han multiplicado también las crisis financieras globales: la crisis de la deuda en los años 80, las crisis financieras de los años 90 en México, Rusia, Asia y más recientemente Turquía y Argentina. La débil posición de los Estados nacionales frente a los movimientos internacionales de dinero se une además a que éstos caen también a menudo en la tentación de abrir las puertas a capitales especulativos altamente volátiles. También por esa razón es necesario llegar por consenso a un marco financiero global, en el que instituciones internacionales verdaderamente representativas velen por el ordenamiento de los mercados, eviten las presiones y especulaciones sobre determinadas monedas y obstaculicen el retiro súbito de capitales, que puede sumir a todo un país en la ruina. En ese sentido va también la idea del recientemente fallecido Nobel de Economía James Tobin, que propuso cobrar un impuesto a los movimientos internacionales de capital (tasa Tobin) y que goza de creciente aceptación no sólo entre los críticos de la globalización.

A ese gravamen de las transacciones financieras globales se ha sumado últimamente también la idea de crear un derecho de quiebra de entidades soberanas, es decir de países. Hasta ahora, los países no pueden dar quiebra, es decir, ampararse a los derechos que cualquier particular sobreendeudado tiene para desembarazarse de créditos que superan su capacidad de pago y permitirle así un nuevo comienzo. Con la crisis en la Argentina, el tema tiene más actualidad que nunca. La «número dos» del FMI, Anne Krueger, ve entretanto con simpatía la posibilidad de que también Estados puedan declararse en quiebra. Ello tendría dos efectos fundamentales: por un lado permitiría reordenar las finanzas del país y por otro, sería un toque de alerta para los prestamistas, que al conceder sus créditos tendrían que tener en cuenta que el país puede declararse en bancarrota y gestionar un reordenamiento de su deuda de acuerdo con sus verdaderas posibilidades de pago.